LEY DE MEDIOS PÚBICOS
Podemos puntualizar
que los medios de comunicación públicos son del pueblo.
El
derecho a la información es uno de los nuevos derechos y consiste en el derecho
a informar y ser informado.
Es
también el acceso libre a las fuentes de información, la posibilidad de recoger
noticias, transmitirlas y difundirlas, y de resguardar las fuentes.
En
otro polo, se encuentra el derecho a ser y estar informado, el derecho a
conocer nuestra realidad y contexto, en síntesis, el derecho a saber lo que
pasa en nuestro mundo.
Además
de la resignificación de mensajes, los ciudadanos deberían participar
activamente en este proceso demandando información, vertiendo opiniones y
reclamos. De acuerdo a lo expresado por esta ley: “Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier procedimiento de su elección”. En este panorama, la
función de los medios no debe ser el vehículo de difusión de una elite, o
eficaces agentes de propaganda.
El
derecho a la información es esencial para el desarrollo del ser humano. No sólo
es el derecho pasivo a recibir información, ni la posibilidad individual de
expresar las ideas por la prensa. Se trata de un fenómeno más amplio que
comprende a la sociedad en su conjunto, y es indispensable para el sistema
democrático. La posibilidad de investigar, buscar, recibir y difundir
informaciones y opiniones contribuye de manera vital al desarrollo de nuestra
sociedad.
A su
vez, cabe destacar que la actividad efectuada por los servicios de comunicación
se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el
desarrollo sociocultural de la población por el que se manifiesta el derecho
humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones,
ideas y opiniones”. Sin embargo, y en mi opinión, el declarar un servicio de
interés público implica, a su vez, que el objeto la información debe ser un bien público, no sometido
a la propiedad privada ni al gusto de ninguna empresa periodística.
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